Conocer cuáles son las nuevas medidas relacionadas con los canales de denuncia en las empresas y explicar cómo se deben gestionar la implantación de sistemas de información en ellas han centrado los objetivos de una charla informativa online, organizada por Avecal y Grupo Isonor. Durante el encuentro, se han dado las claves para que las empresas sepan cómo pueden cumplir con la nueva normativa de protección de informantes.
En concreto, la directora de Consultoría Jurídica de Grupo Isonor, Raquel García, ha analizado a lo largo de la sesión online la aplicación del Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, que establece el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) en las empresas del sector del calzado.
Como principales novedades, el nuevo marco legal contempla la creación de un canal externo de denuncias para que las personas puedan informar sobre irregularidades, lo que supone un complemento a los canales internos que poseen algunas organizaciones. También se incluye la protección al informante con el fin de garantizar el apoyo y la seguridad de las personas que denuncian posibles irregularidades.
Por otro lado, se ha modificado el capítulo de sanciones. En este sentido, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) podrá iniciar y resolver procedimientos sancionadores, tal y como establece la nueva ley, con multas que podrán oscilar entre los 10.000 y 1.000.000 euros para aquellas empresas que no cumplan con la normativa de protección al informante.
Asimismo, se podrán implantar restricciones adicionales a las compañías, entre las que se encuentra la prohibición en el acceso a subvenciones o la contratación con el sector público. En relación con la existencia de otros mecanismos para gestionar denuncias en el ámbito autonómico, García se ha referido a que el marco de cooperación entre la AAI y las autoridades autonómicas depende de convenios específicos que clarifiquen sus competencias y relaciones.
Obligaciones empresariales
Sobre la obligación de las compañías, se ha comentado que las que tengan más de 50 empleados o estén sujetas a sectores regulados deben notificar a la AAI los nombres de las personas responsables del sistema interno de denuncias en un plazo de dos meses desde la entrada en funcionamiento de la AAI. Este trámite será obligatorio en defecto de una autoridad autonómica que asuma estas funciones.
